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Por orden de un juez de EEUU incautan el avión venezolano retenido en Ezeiza

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El juez federal Federico Villena hizo lugar este jueves a un pedido de la justicia estadounidense e incautó el avión de la aerolínea venezolana Emtrasur que permanece varado en el aeropuerto de Ezeiza.

Además, el magistrado autorizó al servicio de alguaciles de los EE.UU. a participar de un allanamiento de la nave en búsqueda de pruebas e inspeccionar su estructura y los contratos de depósito, entre otros documentos, según iformaron los porrtles Infobae, Clarín y La Nación.

También, a la entrega de documentación y comunicaciones con Mahan Air, Conviasa, Emtrasur, y la empresa norteamericana Lance Tech General Trading que hizo los contratos para la carga.

El juez le encomendó las medidas de prueba a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y permitió la colaboración de agentes del FBI.

La decisión de Villena, motivada por un pedido de un tribunal de Washington, va en línea con un pedido que hizo en el mismo sentido la fiscal de la causa que se sustancia en el juzgado federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que había avalado la incautación.

Villena consideró que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, había avalado el pedido al remitirle la solicitud de cooperación de un tribunal de Estados Unidos sin hacer uso del artículo 3 del tratado de cooperación judicial bilateral que le otorga a los gobiernos la posibilidad de negar el pedido.

Recordó que el pedido norteamericano señala que Boeing 7747 matrícula YV 3531 pasó de Irán a a Venezuela en violación de la ley de Reforma de Control de las Exportaciones (ECRA) del 2018 y del artículo 50 del código penal de EE.UU.

El avión, en realidad, está retenido por una orden de Villena desde principios del mes pasado porque se investiga su posible relación con actividades terrorista del Hezzbollah.

Esa ley norteamericana prohíbe revender ese tipo de aviones, comprado originalmente por Francia, sin permiso de los EE.UU. Pero a partir de ahora quedó secuestrado en forma conjunta por el juez Villena y su colega norteamericano, aunque el motivo por el cual solicitó la medida el juez norteamericano no está tipificado como delito en Argentina. Según los términos del tratado, eso es factible.

Desde el 2008, el departamento de Comercio de EE.UU. había firmado una llamada orden de denegación (TDO, en inglés) que prohibía a la empresa iraní Mahan Air, sancionada por colaboración con el terrorismo internacional por otra parte, reexportar el avión. Sin embargo, se lo habría entregado a Rusia y luego a Venezuela.

Ahora la justicia de EE.UU. pediría el decomiso, es decir que extinción del dominio por parte de Venezuela y su pase a la justicia norteamericana, en medio de los roces diplomáticos con Venezuela por este tema.

En su resolución, Villena indicó que Mahan Air está sancionada por el departamento del Tesoro por proporcionar apoyo financiero y tecnológico a la Guardia Revolucionaria Iraní y que miembros de la tripulación tienen vínculos con organizaciones terroristas como el Hezbolláh del Líbano.​ Este organización político-militar libanesa está acusado por la justicia argentina de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

La orden de incautación ​está firmada por un agente especial del FBI y por el juez de Columbia, Michael Harvey, entre otros.

El juez volvió a analizar la opinión de la fiscal Incardona a favor de aceptar el pedido de incautación norteamericano y dijo que ninguna de las medidas solicitadas es contraria al derecho argentino y al tratado de cooperación bilateral.

A su criterio, el pedido de decomiso reúne todas las condiciones del tratado de cooperación bilateral de 1991 en especial del artículo 4.

Es decir, la nave quedó secuestrada en esta causa paralela a la principal, donde se investiga si el piloto iraní Gholamreza Gashemi habría cometido operaciones de espionaje a favor del terrorismo internacional, entre otros tripulantes. Villena permitió la salida del país de 12 de los 19 tripulantes pero la fiscal Incardona se opuso. Y esta decisión quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata. (DIB)